August 10, 2022
Los 749 enchufes de la ex alcaldesa de Manilva Antonia Muñoz
  • ESTHER GÓMEZ

    Manilva

Actualizado

Llegó a colocar a su hermana y a su nuera de asesoras en esta pequeña localidad malagueña

La ex alcaldesa de Manilva Antonia Muñoz en una imagen de archivo.
La ex alcaldesa de Manilva Antonia Muñoz en una imagen de archivo.E.M.

Antonia Muñoz era una alcaldesa muy popular. En Manilva, la pequeña localidad malagueña a mitad de camino de Marbella y de Gibraltar que gobernó durante seis años, todos querían ser amigos de la regidora. A lo largo de esos años, convirtió su despacho en una agencia de colocación. Contrató a dedo y directamente a más de 700 de sus vecinos, incluidos familiares, lo que le ha valido la condena de la Audiencia de Málaga. Muchos de aquellos que se le arrimaron cuando estaba en el poder, ponen ahora tierra de por medio.

El fallo de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga condena a la que fuera la regidora de Manilva -de Izquierda Unida-, a nueve años de inhabilitación especial para todo empleo o cargo público como autora de un delito continuado de prevaricación. El tribunal considera probada su responsabilidad en la formalización de 749 contratos de trabajo sin que mediaran en ellos los procedimiento legales y las garantías oportunas.

Pero, ¿quién es Antonia Muñoz, la alcaldesa de los 749 enchufes?

Muñoz llegó a la Alcaldía de Manilva en 2007 como cabeza de lista de Izquierda Unida y permaneció al frente de este ayuntamiento malagueño hasta 2013. Su mandato como máxima responsable del Consistorio no fue precisamente tranquilo y estuvo marcado por la polémica y las sospechas de corrupción, lo que terminó por dejarla en el banquillo, incluso mucho antes de comenzar el partido.

La sentencia no es firme y la ex regidora se ha mostrado partidaria de seguir peleando por su inocencia en los tribunales, aunque la última palabra la dirá su abogado que es quien conoce la ley, precisó Muñoz en conversación con EL MUNDO.

«Fueron tiempos muy duros, de mucha presión. Ahora estoy con mi familia y no tengo nada que ver con la política, pero las publicaciones en internet y los recortes de prensa están ahí», dice mientras se le entrecorta la voz.

«No hice nada con mala intención, ni me llevé nada», asegura, pero la Audiencia Provincial considera que la ex alcaldesa de IU contrató a más de 700 empleados municipales a través de dos sociedades aparentemente independientes, la Fundación de Desarrollo de Manilva y el Club Deportivo Manilva, pero que realmente no lo eran, ya que «carecían de fondos propios, de sede y de personal diferente al del ayuntamiento». Además, detalla el tribunal, «tal era la comunión entre la Sociedad Deportiva y el Consistorio que el sello que se usaba era el mismo», al igual que el teléfono de contacto y era el propio ayuntamiento donde «se realizaban sus nóminas y se paga a sus trabajadores».

Con este mecanismo, detalla la sentencia, se eludían los procedimientos legales y se prescindía de procesos de selección que exigen «atención a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad» y se elegía «de forma personalista a aquellos que la alcaldesa decidía contratar». Esta forma de contratación, continua el fallo de la Audiencia, se hizo «habitual, siendo la excepción aquellos supuestos en que la recepción de fondos extramunicipales era condicionada al cumplimento de la legalidad».

Entre los contratados como cargos de confianza, Antonia Muñoz llegó a contar con su propia hermana y la mujer de su hijo que se incorporaron como directoras de las áreas de Extranjeros y Coordinación, y Promoción, Imagen y Protocolo, respectivamente.

La primera percibía un sueldo de 1.900 euros al mes y 14 pagas, teniendo dedicación plena y exclusiva; mientras que su nuera ganaba, según el decreto con firma de 8 de julio, 1.341 euros mensuales en 14 pagas.

Entre sus vecinos, muchos la defienden e incluso, hay quienes justifican su proceder. «No me parece mal. Es lógico que quisiera contratar a quien conocía. Yo habría hecho lo mismo», dice Pedro; otros, como María o Alberto, la critican con dureza; pero la realidad es que ninguno quiere que su nombre salga en el periódico porque «este es un pueblo pequeño y todos nos conocemos».

La Audiencia Provincial ha condenado también al asesor jurídico del Ayuntamiento en aquel momento, Aitor M., a 21 meses de inhabilitación por el mismo delito, en este caso en grado de cooperación necesaria. Los magistrados consideran que como abogado tenía información suficiente para saber que el método de las contrataciones era ilegal.

Finalmente, el tribunal malagueño ha decidido absolver al entonces responsable del Área de Recursos Humanos, Diego Díaz, y al ex concejal de Deportes, Francisco Medina.

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