August 17, 2022
El Salvador aprueba cuarta prórroga del estado de excepción

El Congreso de El Salvador, de amplía mayoría oficialista, aprobó el martes la cuarta prórroga del estado de excepción a pesar de las denuncias sobre detenciones arbitrarias desde la entrada en vigencia de la medida a finales del mes de marzo.

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La nueva extensión de la polémica medida, con la que cumplirá al menos 5 meses de vigencia, fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados que forman el órgano Legislativo salvadoreño.

La prórroga del estado de excepción fue aprobada sin discusión parlamentaria, pocas horas después de que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentará la solicitud de ampliación del Consejo de Ministros.

Con la extensión de la medida se prolongará por 30 días más la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones.

Según la Constitución del país centroamericano la suspensión de estos derechos no debe exceder un plazo máximo de 30 días y únicamente se ampliará si se mantienen las causas que generaron la declaración.

De acuerdo al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, a más de 100 días de la implementación del estado de excepción se han detenido a 46.000 personas, se ha decomisado más de 1.100 armas de fuego; incautado 1.314 vehículos y se ha logrado decomisar más de un millón de dólares.

A pesar del supuesto éxito del estado de excepción en la reducción de los índices de violencia e inseguridad, analistas y diputadas de oposición denunciaron que la prórroga del estado de excepción es un acto “inconstitucional”, que no se justifica.

Para los que se oponen a la medida señalan que la misma viola los derechos humanos y que se presta para posibles maniobras de corrupción en el gobierno.

Organizaciones de DD.HH. han informado sobre decenas de denuncias por vulneraciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción.

Hasta el 15 de julio, la fundación Cristosal recibió más de 2.500 denuncias sobre arrestos irregulares, de esa cifra 2.456 casos correspondían a detenciones arbitrarias.

También informó que habían recopilado datos sobre 61 personas que han muerto en un penal tras ser detenidas bajo el estado de excepción.

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