August 11, 2022
El Gobierno balear defiende que no ocultó casos de explotación
  • E.M.

    Madrid

Actualizado

sostiene que ha comunicado a Fiscalía todos los posibles casos de explotación sexual de menores tuteladas de los que ha tenido conocimiento

Francina Armengol, presidenta del Gobierno balear, durante una inauguración.
Francina Armengol, presidenta del Gobierno balear, durante una inauguración.GOVERN

El Gobierno de las Islas Baleares ha hecho llegar una carta a este diario en la que expresa que «no ha ocultado nunca la existencia de casos de explotación sexual de menores tutelados por otras Administraciones, o que hayan pasado temporalmente por algún centro autonómico de justicia juvenil».

En el texto, señalan que tras exponer los técnicos de menores en 2015 que se estaba detectando un incremento de este tipo de problemática, fueron implantando, desde ese momento y hasta fecha de hoy, diferentes medidas en los centros de titularidad autonómica para facilitar la detección y abordaje de los casos.

El Gobierno balear sostiene que ha comunicado a Fiscalía todos los posibles casos de explotación sexual de menores tuteladas de los que ha tenido conocimiento, de cuya gravedad por el incremento de casos ya alertó en el año 2017.

«Todos los casos conocidos por el Gobierno de las Islas Baleares se comunican al Consejo Insular correspondiente, que es la institución responsable de la tutela de las menores, y la Fiscalía de Menores», recoge el texto.

Y añade: «El Gobierno de las Islas Baleares, en el ejercicio de sus competencias de estadística, incorpora cada uno de los casos al sistema nacional de información, conocido como RUMI».

El ejecutivo autonómico defiende que ha dado cuenta de estas actuaciones en sede parlamentaria en diferentes ocasiones.

«Desde el año 2017 está constituido, por el Gobierno, un grupo de coordinación con representación de las Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía, los Consejos Insulares y el propio Gobierno. Atendiendo a las necesidades planteadas por dicho grupo de trabajo se toman dos medidas específicas:

– Elaboración de un protocolo específico de detección y tratamiento de las víctimas de abusos sexuales y explotación sexuales infantil. Este protocolo se consensuó en 2017 y permite la mejor detección de los casos. Fue un protocolo pionero, que ha servido de ejemplo en otras comunidades autónomas, y que ha día de hoy algunas todavía no tienen.

– Formación específica. Se reforzó con la formación de más de 2.700 profesionales en tres años para poder detectar los casos lo mejor posible».

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