October 5, 2022

Una treintena de diputados provinciales de la oposición santafesina cuestionaron con firmeza en un acto público aspectos del trámite con que el gobierno provincial impulsará el recambio de las autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio de Defensa Pública de la provincia, que deben tener nuevos conductores en abril de 2023.

Las objeciones pasan por la modificación a criterio de los legisladores inconsulta que el gobernador Omar Perotti hizo para cambiar la integración del jurado, para darle mayor discrecionalidad al presidente del Consejo de la Magistratura que controla el PJ y respecto del modo de sortear a los jurados.

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“No aceptaremos el resultado de un proceso que esté viciado por sospechas, rumores y faltas de transparencia”, anunciaron los diputados opositores, que definirán con su peso las designaciones de los candidatos que resulten ternados por el tribunal evaluador. Ocurre que en la Asamblea Legislativa, que debe homologar a quienes se impongan en los concursos, no tiene el control para imponerlos.

En el acto en una antesala de Diputados estuvieron legisladores del socialismo, del radicalismo, del PRO, del PDP, del javkinismo y del GEN. “En Abril del 2023 vence el mandato de las Principales autoridades del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal, es decir mandatos del Fiscal General, Fiscales regionales, Auditora General de Gestión del MPA y Defensora Provincial y Defensores regionales, todos cargos relevantes y centrales para el diseño de la política criminal en Santa Fe por los próximos cinco años”, leyó la diputada socialista Lionella Cattalini.

“Ante un recambio con implicancias institucionales de tal magnitud, queremos manifestar nuestra enorme preocupación en torno al proceso de concursos públicos que comenzó a llevar adelante el Poder Ejecutivo Provincial en los últimos días”, continuó.

“En fecha 26 de Agosto de 2022 mediante decreto 1538 el gobernador arbitrariamente y sin la consulta necesaria, decide modificar disposiciones referidas al Consejo de la Magistratura, cambiando la composición del jurado y dándole mayor competencias y discrecionalidad al Presidente del Consejo”.

“Luego de ello, a los dos días hábiles del decreto, se realiza el sorteo del jurado, a las 7 de la mañana en absoluto secreto y en pleno paro de trabajadores de ATE y UPCN, sin presencia ni control de ningún otro poder del Estado o parte interesada”.

“Asimismo, cuando observamos los requisitos que debe contener el plan de trabajo requerido a los aspirantes a Fiscales regionales y General, vemos, con mucho asombro, que solo se hace hincapié en los siguientes puntos: Rol de la víctima, Relación con la Prensa, Perspectiva de Género, Vinculación con la Policía y Organismo de Investigaciones, sin que quede claramente expresada las prioridades y políticas de persecución penal y estrategias de gestión que proponga cada postulante”, plantea el comunicado leído por Cattalini.

“Estamos convencidos que el MPA cumple una función trascendental dentro del sistema de seguridad y justicia en la Provincia de Santa Fe, es por eso que el proceso de selección de autoridades debe ser amplio, participativo, transparente, ejemplar y acorde a los desafíos institucionales que impone la compleja realidad de nuestra provincia: no aceptaremos el resultado de un proceso que esté viciado por sospechas, rumores y faltas de transparencia”.

En la reunión se encontraban entre otros los diputados radicales Maximiliano Pullaro, Darío Boscarol y Juan Cruz Cándido, Julián Galdeano; los socialistas Pablo Farías, Joaquín Blanco, Gisel Mahmud, Erica Hynes, Nicolás Aimar, Esteban Lenci y María Laura Corgniali; Ariel Bermúdez, de Creo; Nicolás Mayoraz del bloque Vida y Familia y Betina Fiorito de Encuentro Republicano Federal.

“No tenemos problemas con los nombres de los jurados propuestos. Sí con las formas y con la perspectiva de que en base a un mecanismo de evaluación poco transparente pueda derivar en favoritismo en la elección de algunos ganadores“, dijo Cattalini.

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