August 17, 2022
Choque comunal por el agua desata nuevo pleito judicial

Pese a una orden perentoria, las obras de ampliación y optimización del acueducto de Potrerillos en Gigante (Huila) no se ejecutaron y otras dos veredas se quedaron sin conexión.

RICARDO AREIZA

[email protected]ón.com.co

El alcalde de Gigante (Huila), César German Roa tendrá que enfrentar un nuevo incidente de desacato por incumplir una orden judicial. El mandatario no logró la terminación del acueducto veredal de Potrerillos ni sofocó el enfrentamiento que vienen soportando tres comunidades campesinas por el abastecimiento de agua potable.

La Junta Administradora, propietaria del acueducto veredal de Potrerillos, también tendrá que enfrentar por tercera vez el incidente judicial por impedir la conexión al sistema de acueducto de las veredas Los Altares y La Guandinosa por la sensible disminución de los caudales de la quebrada ‘Las Vueltas’.  Entre otras razones,  por la incontrolada proliferación de concesiones de agua, destinadas para otros usos, distintos al consumo humano como estanques piscícolas que proliferan en el sector.  Este hecho, según lo advirtieron dirigentes del centro poblado, suscitó el enfrentamiento que sigue intacto.

Los ex alcaldes Iván Luna y Josué Manrique, tampoco lograron remediar este litigio y tuvieron que afrontar varias  acciones judiciales.

Último plazo

El mandatario tenía tres meses a partir del 22  de febrero de 2022 para asegurar la terminación de las obras de optimización financiadas con recursos de regalías. El alcalde de Gigante se comprometió a culminar las obras restantes para ampliar el tanque de almacenamiento.

Después de haber tramitados otros incidentes, incluyendo sanciones pecuniarias, el Tribunal Administrativo del Huila, les dio un ultimátum. Las partes tenían tres meses para garantizar el suministro de agua de agua potable a las veredas La Guandinosa y Los Altares.

El alcalde, en calidad de máxima autoridad administrativa y de policía debía elaborar un cronograma para terminar las obras pendientes.   Además, debía adelantar todas las gestiones administrativas y policivas que se requieran, para cumplir la orden judicial. Vencido el plazo, no cumplió.

Tampoco la junta administradora del acueducto. Los directivos debían garantizar el acompañamiento requerido para ejecutar las obras de ampliación y  facilitar la conexión a la red de las comunidades de las dos veredas que reclaman el servicio.

Choque comunal por el agua desata nuevo pleito judicial 8 15 julio, 2022
El pequeño acueducto veredal, la piedra de escándalo.

Desacato

La Procuradora Provincial de Garzón, garante de hacer efectiva la orden judicial, anunció que ante el incumplimiento inició una acción preventiva.  Pero no logró tampoco la ejecución de las obras.

Adicionalmente, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por la pérdida de los dineros públicos ejecutados, el abandono de las obras iniciadas y el deterioro de los materiales adquiridos, abandonados a campa abierto, sin ninguna protección.

“No obstante lo anterior, al plenario no se allegó el cronograma de actividades y plazos de ejecución. Mucho menos, se acreditó que se hayan culminado las obras, con el propósito de garantizar la conexión a la red de las veredas La Guandinosa y Los Altares”, anotó el magistrado  Ramiro Aponte Pino.

“En razón a que no se le ha dado cumplimiento a la orden judicial que amparó los derechos colectivos de los moradores de las referidas comunidades; es menester iniciar el incidente de desacato”, concluyó.

La medida cobija al alcalde César German Roa Trujillo y a los miembros de la Junta Administradora del Acueducto de Potrerillos (integrada por Olver Trujillo Ramírez, José Libardo Rondón, Adalver Ortiz Lavao, Nidy Marley Romero Trujillo, Alfonso Quintero Rivera y Edgar Rodríguez)

La acción popular que terminó con un pacto de cumplimiento fue promovida por la personera Pilar Quimbaya Velandia. El pacto fue aprobado el 10 de septiembre de 2018. Un año después el Tribunal Administrativo del Huila decretó un primer desacato que no frenó la “guerra por el agua”.

 Al desatar el grado jurisdiccional de consulta, el 11 de febrero de 2020 el Consejo de Estado revocó la sanción impuesta a los miembros de la junta administradora.

No obstante, ordenó a la corporación la continuación del trámite de cumplimiento de la acción judicial y la adopción de las medidas pertinentes para lograr la real protección de los derechos colectivos amparados a las dos comunidades.

Atendiendo esa orden del alto tribunal, el magistrado Ramiro Aponte Pino requirió al actual alcalde de Gigante, César Germán Roa Trujillo, para que terminara las obras pendientes y garantizara el servicio de acueducto a los moradores de La Guadinosa y Los Altares, amparados con la acción judicial  que sigue en veremos.

Obras pendientes

Según el pacto de cumplimiento la Alcaldía de Gigante debía contratar los estudios y diseños para optimizar y reformar el acueducto de Potrerillos. En el evento de que  los estudios lo recomienden, reconstruirá o ampliará el actual tanque de almacenamiento.

También contempló la ampliación del acueducto hacia La Guandinosa y Los Altares siguiendo el trazado antiguo (con el fin de no romper las vías del centro poblado de Potrerillos.

Adicionalmente, se convino la actualización de los precios pactados en el contrato 011 de 2013  y la firma del contrato para optimizar el acueducto de Potrerillos.

Las contrataciones se realizarán durante la vigencia fiscal 2018 pero las obras debían terminarse el 30 de junio de 2019.  Sin embargo, la Junta Administradora desconoció el acuerdo, se radicalizó y recurrió incluso a las vías de hecho para evitar la ejecución de las obras.

Choque comunal por el agua desata nuevo pleito judicial 9 15 julio, 2022
Las comunidades reclaman una solución.

Optimización

Las obras  de optimización comenzaron  en el 2013, según Contrato No. 11 de ese año) y el resto desde el 4 de junio de 2019 (Contrato 149 de 2019), conforme a los estudios técnicos contratados  / convenio interadministrativo No. 221 del 24 de octubre de 2016).


Ante la renuencia de la comunidad, la administración declaró la utilidad pública de un lote para ubicar la planta de tratamiento. El Decreto 023 del 4 de febrero de 2019 fue expedido, previamente facultado por el Concejo para proceder con la enajenación voluntaria o en su defecto, con el trámite administrativo de expropiación del predio.

Y para rematar, se recurrió a vías de hecho para impedir el avance de las obras, objeto de demandas y acciones judiciales por saboteo.

Choque comunal por el agua desata nuevo pleito judicial 10 15 julio, 2022

Imposible cumplir

Pese a las advertencias, el alcalde César German Roa, admitió que ha sido imposible cumplir el fallo. La posición la consignó en una nota remitida el primero de febrero de 2021.

El año pasado, el 14 de enero de 2021 se llevó a cabo otra reunión con el comité técnico integrado por el supervisor, interventor y el personero del municipio para facilitar la solución. Pero no se pudo concretar la reunión con la comunidad y un año después, sigue en veremos.

Según la Oficina Jurídica de la Alcaldía, “la Junta Administradora de Acueducto no ha permitido empalmar la red con la planta de tratamiento del acueducto veredal de Potrerillos, ni realizar la ampliación del acueducto”.

Por su parte, la Junta Administradora, propietaria del acueducto, admitió el incumplimiento, en su opinión, por culpa del gobierno local.

“Hemos puesto toda nuestra voluntad para que ese propósito se materialice, sino fuera por la falta de ejecución de algunas obras que están a cargo de la administración municipal de Gigante”, explicaron voceros de la junta.

“Los trabajos no han podido culminar por causas ajenas a los compromisos adquiridos en la audiencia de pacto de cumplimiento. Las obras están suspendidas”, acotó.

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