October 5, 2022
Bailando por un cargo judicial

Hay 112 aspirantes a cubrir fiscalías y defensorías

Es para renovar puestos en el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de Defensa: 50% más de inscriptos.

“Es una gran satisfacción”, dijo el secretario de Justicia,  Gabriel Somaglia.

Un total de 112 abogados y abogadas –en su mayoría, ya funcionarios del Poder Judicial– se anotaron como postulantes al concurso destinado a renovar y cubrir cargos en fiscalías y defensorías de las cinco circunscripciones en las que se divide el fuero penal en la provincia de Santa Fe. Hay cupo para 82 fiscales y 30 defensores o defensoras, incluso empezando por las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Servicio Público de la Defensa Penal, Jorge Baclini y Jaquelina Balangione, respectivamente. 

“Es tanto el interés que despierta asumir la responsabilidad para gestionar los máximos roles de ambos ministerios públicos, el compromiso tácito de los postulantes para asumir la responsabilidad de los mismos, la confianza en el proceso de selección instado y la eficiencia con el cual el Consejo de la Magistratura trabaja y dispone sus actos, ya que ninguno de ellos fueron impugnados y ningún miembro del jurado recusado. Esto es para el Gobierno de Santa Fe es una gran satisfacción”, definió el secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia.

En rigor, el proceso no transitó un camino de pétalos de rosa. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA había expresado su queja cuando sus autoridades se enteraron a principios de mes, de un día para el otro, que el Ejecutivo había sorteado los miembros del jurado sin avisar a las instituciones que habitualmente participan, como ellos, el Colegio de Magistrados y las facultades de Derecho de la UNR y UNL.

 ”Resulta llamativo convocar a un sorteo público con tan poco tiempo de anticipación y a las 7 de la mañana y que el sorteo sea casi al mismo tiempo que publica la convocatoria”, habían protestado. 

Pero el trámite continuó y ayer cerró la inscripción. Hay 13 candidatos que quieren reemplazar a Baclini como fiscal general, 50% más que en 2016, cuando aquel fue designado. Y hay 5 interesados en suplantar a Balangione, esposa del ministro de la Corte, Rafael Gutiérrez.

Para conducir la Fiscalía Regional N°2, hasta ahora a cargo de María Eugenia Iribarren, disputan ella misma (está interina y quiere titularizar) y otros 14 postulantes. Muchos nombres conocidos: Valeria Haurigot, Miguel Moreno, Carla Cerliani, Matías Ocariz, Viviana O’Connell, Fernando Dalmau. 

Mientras que para suceder al Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, hay 16 interesados. Arietti –célebre aquí por su empeño en la persecución penal contra Marcelo Sain y sus colaboradores– aspira a escalar más y ser fiscal general. Otros 11 postulantes disputan el cargo de Auditor del MPA, que ostenta María Cecilia Vranicich, quien también pugna por ser la jefa de jefes de los fiscales. 

Otros que quieren la poltrona mayor del MPA, además de los mencionados, son el fiscal Luis Schiappa Pietra, su colega Carlos Covani, el fiscal de Cámara de Venado Tuerto Fernando Palmolelli, el fiscal de Avellaneda Rubén Martínez, los camaristas Javier Beltramone y Roberto Prieu Mántaras, entre otros.

El caso del ex fiscal de Venado, Alejandro Sinópoli, es singular: concursa para ser fiscal general de provincia, o regional en Santa Fe, Rosario, Rafaela o Venado Tuerto. 

Para suplantar a la Defensora General se presentaron tres ya en funciones como regionales, Estrella Moreno Robinson (Rafaela), Jorge Miró (Santa Fe), Gustavo Franceschetti (Rosario), además de Gonzalo Armas y Luis Ceserani. 

La participación de este último, Ceseroni, también parece ambiciosa: es secretario de Cámara Penal en el Poder Judicial de Río Negro, y en Santa Fe se anotó para concursar a Defensor General, y si no, a la Defensoría Regional de las 5 jurisdicciones, desde Reconquista hasta Venado Tuerto. Y también concursa para ser Fiscal General. La próxima, candidato a gobernador.

“Ahora el Consejo de la Magistratura debe analizar cada postulación para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos necesarios para su admisión, cuyo plazo insumirá no menos de cinco días aproximadamente”, explicó Somaglia.

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