August 17, 2022


por La Nación


Ayer el país se levantó con la conmovedora noticia sobre la muerte de Luisa Fernanda Zuleta, la policía de 26 años de edad, que fue atacada a bala el sábado anterior por sicarios del ‘clan del Golfo’ cuando se encontraba adelantando labores de patrullaje en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia. La uniformada alcanzó a ser auxiliada y trasladada en un helicóptero al hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, en donde a pesar de los esfuerzos médicos, su deceso se produjo en la noche del domingo. Luisa Fernanda tenía cinco meses de embarazo, llevaba 6 años en la Policía y era patrullera. Su compañero, el subintendente Sergio Yepes Páez, de 37 años de edad, murió instantáneamente durante el ataque sicarial. Deja una esposa y una pequeña hija, tras 14 años de servicio. De acuerdo con el reporte oficial, la patrullera Luisa y el subintendente Yepes fueron sorprendidos por la espalda.

Este caso hace parte de una macabra oleada de violencia que los grupos ilegalmente armados han desatado durante las últimas semanas no sólo contra los miembros de la Policía sino contra los integrantes del Ejército Nacional en varias zonas del territorio colombiano. Las propias autoridades han denunciado que el ‘clan del Golfo’ les ha puesto precio a la cabeza de los uniformados y que están pagando hasta $20 millones por el crimen de un policía o un militar, como retaliación a las capturas, neutralizaciones y operativos que se están desarrollando contra estos grupos.

Para desarrollar este plan, las estructuras criminales han implementado el pago a ‘campaneros’, quienes son los encargados de advertir de los movimientos de la Fuerza Pública y suministrar esa información a los sicarios para sus atentados criminales.

Se trata de una escalada violenta que merece el repudio de toda la sociedad colombiana. Hoy más que nunca el país debe estar unido arropando a sus instituciones. Y es reprochable que asesinando a policías y soldados como las estructuras criminales pretendan llegar fortalecidas a una mesa de diálogo en el gobierno de Gustavo Petro. Así no es. El presidente electo tiene la palabra.



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