August 19, 2022
Alegría renuncia a “homogeneizar” la Selectividad y lo descarga en un pacto ‘imposible’ entre CCAA y universidades

El Gobierno sustituirá la Selectividad por un modelo competencial «menos memorístico» donde el 75% de la nota de acceso a la universidad se logrará con una prueba de «madurez académica» en la que buena parte de las preguntas serán de tipo test o para responder con una sola palabra. La ministra Pilar Alegría renuncia a la prometida «homogeneización» territorial y fía la elaboración de un «marco común» a un futuro acuerdo entre CCAA y universidades.

De hecho, en los tres documentos que Alegría presentó este miércoles a consejeros y rectores, se habla ya de «homologación» y de exámenes «equiparables», no de «homogeneizar». El Ministerio quiere «criterios comunes respetando la autonomía de la CCAA», pero lo único concreto que ha propuesto es redactar unas guías de corrección para «garantizar la objetividad» de las respuestas.

La idea es crear «grupos de trabajo» para pactarlo todo y tener listo un proyecto de real decreto en diciembre, pero Andalucía, Galicia, Castilla y León, Madrid y Murcia, del PP, dejaron claro este jueves que lo que quieren es una prueba única en toda España. El pacto se complica, además, porque las CCAA tienen que ponerse de acuerdo también con los rectores, cuando los intereses son contrapuestos muchas veces. En un contexto de polarización, y tras reiterados fracasos para alcanzar un pacto educativo, varias fuentes consultadas ven «imposible» el consenso.

Reforma de acceso a la universidad

De hecho, el punto de partida es menos homogéneo que antes, pues en los documentos del Gobierno no aparece la lista de contenidos mínimos que se dan en todas las CCAA (suponen el 70% de cada asignatura). El Ministerio dice que se recuperarán o no en función de lo que se decida en el acuerdo.

Más fácil para los alumnos

El nuevo sistema, que celebrará su primera convocatoria en junio de 2024, se lo pone más fácil a los alumnos, al reducir a la mitad el número de exámenes (de los hasta nueve que hay ahora se pasa a un máximo de cuatro) y dejarles elegir parte de las materias de las que se evaluarán.

El Ministerio prevé una implantación gradual. En un primer periodo transitorio (2023/24 y 2025/26), para la fase de acceso (los exámenes obligatorios), los alumnos harán cuatro ejercicios y que contarán un 25% de la nota. Todos los estudiantes se examinarán de Historia de España, Historia de la Filosofía y de una asignatura de modalidad obligatoria (Matemáticas, Latín, Dibujo Artístico, Análisis Musical, Artes Escénicas o Ciencias Generales), además de la prueba de «madurez». Ya no habrá exámenes de Lengua o de Inglés como tales, pues se integran en esta prueba, sobre la que pivota todo.

La prueba de «madurez» constará de un dosier de documentos (textos, imágenes, infografías, tablas, gráficos o audiovisuales) que girarán en torno a un tema y se pedirá al alumnado «que realice un análisis desde distintos aspectos y perspectivas». El alumno tendrá 15 minutos para leer las preguntas. Luego vendrá la primera parte, de 50 minutos, que constará de 25 preguntas cerradas o semiconstruidas (tipo test o de respuesta breve). De ellas, de cinco y siete serán en lengua extranjera. En las CCAA con lengua cooficial, los gobiernos autonómicos repartirán las preguntas restantes, lo que puede ser un coladero para que Cataluña minimice el castellano.

La segunda parte del ejercicio, de 45 minutos, son tres preguntas abiertas (una en inglés) de un máximo de 150 palabras (el equivalente a un párrafo). «Se pretende valorar la capacidad del alumnado para analizar, valorar, extraer información o interrelacionar toda esa documentación, de forma más o menos guiada a través de las preguntas y respuestas»,.

Este formato de ejercicio será de aplicación desde el curso 2023/24, pero a partir de 2026/27 tanto la duración como la extensión podrán duplicarse. Entonces la prueba pasa a contar el 75% de la nota de la fase de acceso y se simplifica aún más el mecanismo porque sólo habrá dos exámenes obligatorios: esta prueba (que también absorbe las asignaturas de Historia de España e Historia de la Filosofía, además de Lengua e Inglés, Lengua e Inglés) y un examen de la asignatura de modalidad, que contará un 25% de la nota. En esta fase de acceso contarán un 40% estas pruebas y un 60% la nota de Bachillerato. El máximo que se podrá alcanzar será un 10.

Prueba de madurez

Además, habrá otra fase de admisión ya no obligatoria, el equivalente a la parte voluntaria de ahora, que se compone de otros dos exámenes. El alumno podrá elegir de entre las materias de modalidad o comunes de 2º de Bachillerato. A sus calificaciones se les aplicarán los coeficientes de ponderación que determinen las universidades para subir la nota del 10 al 14. Esto da más libertad a los campus para poner criterios específicos en función de sus necesidades. Con el nuevo sistema los alumnos pasarán a hacer, por tanto, entre dos y cuatro pruebas desde 2026: la de madurez, la de modalidad y las dos pruebas voluntarias, en donde el alumno puede elegir las asignaturas.

Lo que apunta este nuevo planteamiento es que troncales como Lengua, Inglés, Historia de España o Historia de la Filosofía, van a quedar más diluidas en la prueba de «madurez», algo que no gusta a los profesores. «Es un ataque a la preparación básica y específica del alumnado y a la especialización docente», denuncia Mario Gutiérrez, del sindicato Csif, que advierte que el cambio «perjudicará a la pública». La patronal de la privada Cicae también ve «un error eliminar la evaluación del Inglés y llama a «no reducir la exigencia».

Portazo de las CCAA del PP

El portazo que dieron este miércoles a la nueva Selectividad regiones poco dadas a la confrontación educativa, como Castilla y León y Galicia, evidenció lo difícil que va a ser que la ministra Pilar Alegría ponga de acuerdo a todas las autonomías en el nuevo diseño de la prueba de acceso a la universidad. «Es una nueva oportunidad perdida, la propuesta no sirve», dijo la consejera de Educación castellanoleonesa, Rocío Lucas. «Sigue una senda ya habitual por parte del Ministerio de reducir la calidad y el nivel de exigencia, lo que nos parece intolerable», añadió su colega gallego Román Rodríguez.

Galicia, Castilla y León, Madrid, Andalucía y Murcia, regiones gobernadas por el PP, transmitieron el mismo mensaje: se mantienen en pedir una Ebau única que se celebre de la misma forma en toda España, como hacen en países como Francia, Alemania o Italia. Como resumió Carmen Navarro, vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, es la forma de «garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos a la hora de elegir qué universidad y qué estudios quieren cursar, sin que su lugar de residencia sea un motivo de discriminación».

«Sólo una prueba única es garantía de igualdad, es un sinsentido que existan 17 pruebas diferentes en España para acceder a la universidad», coincidió Patricia del Pozo, la nueva consejera de Desarrollo Educativo de Andalucía. Por el distrito único, la nota que obtiene un alumno en su ciudad le sirve para entrar en la universidad de cualquier otra comunidad autónoma a pesar de que las CCAA tienen distintos niveles de dificultad. «Es un sistema injusto y discriminatorio; es más de lo mismo: reducción de contenidos, devaluación del esfuerzo y empobrecimiento del sistema», recalcó Lucas.

De la misma forma se expresó Enrique Ossorio, consejero de Madrid, augurando «devaluación de la calidad del sistema y de la exigencia de esfuerzo, como con la Lomloe».

Los consejeros rechazan el diseño de la prueba, donde el 75% de la nota en la fase de acceso la tiene el examen de «madurez», en el cual «pretenden aglutinar y diluir el peso de todas las materias comunes», como Lengua Castellana, Lengua Extranjera o Historia de España.

Tampoco ven demasiadas intenciones reales por parte del Gobierno de llegar a un acuerdo porque la propuesta se ha elaborado «íntegramente» sin contar con ellos y se presenta en pleno verano, «cuando todavía no están publicados ni implantados todos los decretos de los nuevos currículos de Bachillerato». De hecho, las CCAA recibieron los papeles minutos antes de empezar ayer la reunión, y una vez fueron filtrados a El País. «Hemos trasladado al Ministerio que no nos han gustado las formas en las que se ha trasladado la documentación. Además, no nos parece adecuada la fecha en la que se ha celebrado esta reunión y el plazo que se ha dado a las CCAA para hacer aportaciones, el 15 de septiembre, ya que es insuficiente para poder realizar un proceso de diálogo serio y sosegado con la comunidad educativa y las propias universidades», advirtieron los responsables educativos de Murcia.

Tampoco les gusta a las regiones del PP que el Gobierno compare la nueva Ebau con la prueba PISA. «La primera consiste en demostrar que un alumno tiene los conocimientos necesarios para acceder a la universidad, mientras que la segunda sirve para evaluar los sistemas educativos de cada país y región con el fin mejorarlos y no se trata una evaluación del alumno», dijo Ossorio.

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